- Alberto Granados anuncia más cambios; La saga de la basura en Matamoros: un funcionario sale y la incertidumbre se queda
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(22-Septiembre-2025).- El cambio de mando en la dirección de Limpieza Pública de Matamoros, con la salida de Enrique Cerda, no es solo un ajuste administrativo; es un evento que expone la fragilidad de la confianza pública. La opinión no se basa en un currículum, sino en una historia de hechos. La gente no pide «un buen gerente», pide resultados visibles y consistencia.
El hecho de que un funcionario haya perdurado cuatro administraciones distintas, sin importar el color partidista, habla de una habilidad técnica que trasciende las ideologías. Este tipo de figuras, raras en la política mexicana, construyen una legitimidad que no emana de las urnas, sino del servicio cotidiano. Cuando se retira a un perfil así, el gobierno actual corre un riesgo: no solo se despoja de una capacidad probada, sino que también envía una señal de que la lealtad política puede pesar más que la eficiencia.
La percepción de la ciudadanía es que el servicio de recolección de basura es un problema crónico. La solución no es un simple nombramiento, sino la capacidad del nuevo funcionario para demostrar, rápidamente, que puede mantener y mejorar un sistema que ya funcionaba. De lo contrario, la gente no culpará al que se fue, sino al que llegó y permitió el colapso. En el juego de la opinión pública, la memoria es corta y la crítica, inmediata. El éxito de la nueva gestión dependerá de su capacidad para asegurar que la ciudad no vuelva a un pasado de crisis, lo cual solo puede lograrse con un enfoque en la eficacia y no en la política de cuotas.
El juicio político y la paradoja de la justicia en México
El juicio político contra Adán Augusto López, por su presunta relación con el crimen organizado, no es un hecho aislado. Es un síntoma de una profunda desconfianza en la clase política. La pregunta sobre si se necesita «cárcel, buenos modales o un centro como el de Bukele» para controlar a los políticos mexicanos refleja la frustración ciudadana ante la percepción de impunidad.
La respuesta desde la ciencia política es que no se trata de una sola medida, sino de un sistema integral que funcione. La cárcel es el destino, no el método, y solo es efectiva si va precedida de un sistema de justicia robusto, imparcial y sin influencias políticas. El sistema judicial en México, a menudo percibido como débil y maleable, es el verdadero obstáculo.
Los buenos modales son un mito. La ética y la decencia no se imponen, se construyen. Es la rendición de cuentas, la transparencia real y un periodismo libre los que exponen la corrupción y obligan a la clase política a actuar de manera más íntegra.
El «modelo Bukele» no es una solución aplicable en una democracia. Si bien puede ser visto como una forma radical de control, su éxito se basa en un autoritarismo que suprime las libertades civiles y concentra el poder, creando un ambiente de miedo en lugar de uno de justicia. La verdadera solución reside en fortalecer las instituciones democráticas existentes: la división de poderes, la autonomía de las fiscalías, la independencia de los jueces y la participación activa de una ciudadanía informada.
El caso de Adán Augusto es una prueba para el sistema. La percepción pública de este proceso determinará si la gente cree que la ley aplica para todos por igual, o si sigue siendo una herramienta usada como arma política. Es la credibilidad del proceso, más que el resultado, lo que la sociedad mexicana está evaluando.
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