Confirma Fiscalía vinculación a proceso y prisión preventiva contra exalcalde de Nuevo Laredo

• A Enrique “N” se le atribuyen irregularidades en la adquisición de un predio valuado en 66 millones 702 mil 144 pesos, operación que presuntamente se efectuó sin cumplir los requisitos legales.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó que el exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con la compraventa de un bien inmueble destinado a la construcción de un Centro de Convenciones.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, informó que, durante la continuación de la audiencia inicial celebrada el pasado 12 de julio, un Juez de Control de la Cuarta Región Judicial resolvió iniciar proceso penal en contra del exfuncionario por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento.

De acuerdo con la carpeta de investigación, a Enrique “N” se le atribuyen irregularidades en la adquisición de un predio valuado en 66 millones 702 mil 144 pesos, operación que presuntamente se efectuó sin cumplir los requisitos legales establecidos, lo que habría ocasionado un daño al patrimonio del municipio.

La compraventa en cuestión habría violado diversas disposiciones normativas en materia de contratación pública y manejo de recursos, según detalló la Fiscalía.

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 13 de octubre de 2025. Durante este periodo, el Ministerio Público deberá integrar nuevos datos de prueba que fortalezcan el caso.

Asimismo, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, tras considerar fundado el riesgo de que el imputado evada la acción de la justicia. Se otorgó un plazo de 48 horas para que Enrique “N” se someta voluntariamente a dicha medida.

Este proceso judicial se perfila como uno de los más relevantes dentro de las acciones emprendidas por el Estado en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas de exservidores públicos.