Una visa no es un certificado de honestidad

Por René Martínez Bravo

Se ha vuelto casi una costumbre en México que cuando Estados Unidos niega, cancela o revoca una visa a un ciudadano mexicano, inmediatamente aparezca la sospecha: “algo habrá hecho”. Y peor todavía, que esa decisión migratoria sea utilizada para señalarlo públicamente como si el gobierno estadounidense hubiera emitido, al mismo tiempo, una sentencia o una certificación de culpabilidad.

Nada más alejado necesariamente de la realidad.

La expedición de una visa es una facultad soberana del país que la concede. Lo mismo ocurre con su negativa, cancelación o revocación. Un gobierno puede tomar esas decisiones por múltiples razones: cambios en sus políticas migratorias, información que considere relevante, inconsistencias en una solicitud, criterios administrativos, seguridad nacional, sospechas que no necesariamente constituyen un delito, o, efectivamente, por antecedentes o investigaciones relacionadas con actividades ilícitas.

Pero una cosa es que una visa sea revocada y otra muy distinta que exista una acusación criminal.

Y ahí es donde en México deberíamos aprender a separar la política de la especulación.

Porque pareciera que una visa estadounidense se ha convertido, para algunos, en una especie de certificado de honestidad. Si la tienes, eres confiable; si te la quitan, eres sospechoso. ¿Y si fuera una visa de Colombia? ¿De Argentina? ¿De Brasil? ¿De Guatemala? ¿Tendría exactamente el mismo impacto político y mediático?

Probablemente no.

Y esa es precisamente la reflexión que deberíamos hacer.

Estados Unidos tiene el derecho de decidir quién entra y quién no a su territorio, de la misma manera que México tiene el derecho de establecer sus propias condiciones migratorias para los extranjeros. No existe una obligación de un país de explicar públicamente cada una de sus decisiones migratorias, mucho menos cuando se trata de información que puede estar relacionada con asuntos reservados.

Por eso, ante la reciente revocación de la visa de Andy López Beltrán, también cabe una reflexión política.

Si una autoridad extranjera tomó una decisión de carácter migratorio respecto de una persona, y no existe públicamente una acusación formal de carácter penal, quizá lo más prudente habría sido dejar pasar la bola.

Reclamar públicamente al gobierno del país vecino puede ser una reacción entendible en el terreno personal, pero políticamente tiene consecuencias.

Porque cuando un personaje con una posición relevante dentro de un partido político cuestiona una decisión de otro gobierno, corre el riesgo de convertir un asunto personal en un asunto político. Y cuando compañeros de partido, funcionarios públicos o representantes de elección popular salen a defenderlo desde sus cargos, la percepción cambia todavía más: ya no parece una defensa personal, sino una postura institucional.

Y eso, a mi juicio, debe evitarse.

Los amigos, compañeros de partido o simpatizantes tienen todo el derecho de expresar solidaridad con una persona. Pero quienes ocupan cargos públicos deberían ser mucho más cuidadosos. No porque esté prohibido defender a alguien, sino porque representan instituciones y no solamente opiniones personales.

El problema no es que Andy López Beltrán reclame. El problema es que su reclamo puede terminar obligando a otros a tomar partido sobre una decisión que corresponde exclusivamente al gobierno estadounidense y que, hasta donde públicamente se conoce, no equivale por sí misma a una acusación criminal.

También debemos tener cuidado con el sentido inverso.

Que Estados Unidos revoque una visa no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Pero tampoco significa que la persona tenga derecho a exigir que otro país le permita ingresar. Una visa no es un derecho adquirido de manera absoluta; es una autorización condicionada a las leyes y criterios del país que la expide.

Y eso aplica para todos.

Para los ciudadanos comunes, para empresarios, periodistas, artistas, funcionarios, políticos y para cualquier persona que pretenda internarse en territorio extranjero.

La discusión debería ser mucho más seria.

No podemos convertir una decisión migratoria en una condena social sin pruebas. Pero tampoco debemos convertir la defensa política de una persona en una presión institucional contra otro país.

Una visa es una autorización para entrar.

No es una carta de buena conducta.

Y su revocación tampoco es, por sí misma, una sentencia de culpabilidad.

En tiempos donde la política vive de la sospecha, de las redes sociales y de las interpretaciones apresuradas, quizá lo más responsable sea regresar a una regla elemental del periodismo y de la vida pública:

Los hechos se prueban; las sospechas se investigan y las conclusiones se sostienen con evidencias.

Todo lo demás es simplemente ruido político.

Américo Villarreal Claudia Sheinbaum Pardo noticiasriogrande.com Carmen Lilia Canturosas Carlos Peña Ortiz, Andrés Manuel López Obrador,

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