REYNOSA, TAM (Agosto 04 de 2026).- Máximo Amaya Román, abogado de la Asociación Derechos Humanos Internacionales (DHI) denunció que el rezago en las Juntas de Conciliación y Arbitraje es responsabilidad de los presidentes por corrupción ya que retrasan intencionalmente los fallos para favorecer a las empresas.“Como el caso de Craco hay cientos, por la evidente corrupción”, exclamó Amaya al denunciar públicamente el caso de Carlos Armando Ortiz Rangel, quien fue despedido injustificadamente hace seis años y ya ganó el juicio laboral, pero no ha podido cobrarle a la empresa el laudo condenatorio.
Amaya acusó al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número Cinco, Raúl Ulloa Velazco, de regresar los dos vehículos en garantía que había embargado a la empresa para liquidarlo.
Demandó la intervención del gobernador para agilizar los casos rezagados en la Juntas por afectar a la clase trabajadora despedida.
El expediente 276/5/2020/JAD, según detalló, está resuelto y solo falta voluntad del presidente de la Junta para obligar a la empresa a cumplir con la indemnización de 410 mil pesos que le corresponden a su cliente por 10 años de trabajo.
“Como el caso sigue sin resolver la cantidad va aumentando, con todo e intereses ya suman poco más de 800 mil pesos, pero el presidente de la Junta se atrevió a aceptar una tercería fuera del tiempo legal y no castigó a la empresa por su rebeldía a cumplir el laudo condenatorio.
Puntualizó que observa muchas irregularidades de la empresa y de la Junta Laboral, por lo que decidió hacer público el caso para exigir a las autoridades, desde el secretario el Trabajo, secretario General de Gobierno y al mismo gobernador de Tamaulipas.
“Con este tipo de funcionarios nunca acabarán con el rezago, la transición del nuevo Sistema Laboral Federal ya está por terminar y las Juntas Locales siguen sin resolver, no por los amparos, sino para favorecer a las empresas que corren sin razón al trabajador”, aseguró.
Raúl Ulloa Velazco, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, reconoció que el laudo ya está a favor del Ortiz Rangel, pero sus abogados no han sabido como embargar a la empresa.
“Aquí se les ha ayudado a seguir el procedimiento, pero no han sabido cómo”, explicó al cuestionarle el caso.
El presidente de la Junta argumentó que la “tercería” tuvo que devolverse porque no eran propiedad de la empresa.
“El problema de sus abogados es que no actualizaron la demanda cada vez que la empresa cambiaba de nombre”, contestó.
El Presidente de la Junta miente, sostuvo el abogado horas después, el sabía que no debió regresar las dos camionetas porque la “tercería” estaba fuera de tiempo legal cuando se ampararon.
El abogado del trabajador indicó que recurrirá a otras instancias si las autoridades superiores no intervienen.
“La omisión de la Junta es muy obvia, hay omisión, hay comisión de delitos, obviamente hay corrupción”, acotó.
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