Por René Martínez Bravo
Pocas veces una propuesta legislativa había provocado tanta estridencia entre algunos medios de comunicación como la relacionada con el fortalecimiento del derecho de audiencia. Se habla de censura, de una «ley mordaza», de un supuesto intento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por callar a las voces críticas y terminar con la libertad de expresión.
Sin embargo, conviene separar el ruido de los hechos.
El derecho de audiencia no nació con este gobierno. Existe desde la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014, promulgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo que hoy se discute son adecuaciones que buscan fortalecer un derecho que, en la práctica, quedó reducido a letra muerta por la ausencia de mecanismos eficaces para hacerlo cumplir.
Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera incomodidad.
Durante años, una parte de los medios olvidó que el periodismo no consiste en lanzar acusaciones sin sustento, convertir rumores en titulares o disfrazar opiniones personales de información verificable. Se normalizó el señalamiento sin pruebas, la condena mediática sin derecho de defensa y la desinformación presentada como exclusiva.
Lo más preocupante es que muchos llegaron a considerar esa práctica como parte natural del ejercicio periodístico.
No lo es.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda democracia. Pero también lo es el derecho de la sociedad a recibir información veraz, verificable y claramente diferenciada de la opinión, la propaganda o la especulación. Ambos derechos pueden y deben coexistir.
Las adecuaciones propuestas buscan precisamente eso: que el público sepa cuándo escucha información sustentada, cuándo presencia una opinión editorial y cuándo alguien simplemente expresa una ocurrencia sin evidencia. Esa transparencia fortalece al periodismo; no lo debilita.
Quienes hoy gritan «censura» deberían preguntarse por qué les preocupa tanto que se exija distinguir entre hechos y opiniones, o que existan consecuencias para quien deliberadamente difunda falsedades.
Porque nadie debería tener derecho a destruir reputaciones amparándose en un micrófono o una cámara.
Durante una mesa de análisis, el periodista Sergio Sarmiento reconoció que existen casos en los que los medios difunden información que no necesariamente está plenamente comprobada. Esa afirmación refleja un problema que el propio gremio conoce desde hace tiempo y que pocas veces ha querido enfrentar.
Cuando un gremio pierde la capacidad de autorregularse, inevitablemente abre la puerta para que la sociedad exija reglas más claras y mecanismos efectivos de responsabilidad. No es una decisión cómoda, pero sí una consecuencia lógica.
Eso tampoco significa entregar un cheque en blanco al gobierno. Cualquier legislación debe construirse con absoluto respeto a la libertad de expresión, impedir interpretaciones discrecionales y garantizar que jamás pueda utilizarse para perseguir periodistas incómodos o investigaciones legítimas. Ese equilibrio será indispensable.
Pero tampoco resulta aceptable que la bandera de la libertad de expresión sirva como refugio para la mentira deliberada, la difamación o el linchamiento mediático.
El periodismo no puede reclamar credibilidad mientras renuncia a la obligación más elemental de verificar lo que publica.
Quien informa con rigor, documenta sus investigaciones y presenta pruebas no tiene nada que temer. Las sanciones no deberían preocupar al periodista profesional; deberían inquietar únicamente a quienes hicieron de la mentira un modelo de negocio o de la desinformación una estrategia política.
El debate no debería centrarse en si habrá multas o sanciones. La verdadera discusión consiste en definir qué clase de periodismo merece una democracia.
Uno que investigue, cuestione y confronte al poder con pruebas, o uno que construya verdades a conveniencia, destruya prestigios y después invoque la libertad de expresión para evadir cualquier responsabilidad.
La libertad de expresión seguirá siendo un derecho irrenunciable.
Lo que nunca podrá convertirse en un derecho es la mentira.
Porque una democracia necesita periodistas libres, sí; pero también necesita periodistas responsables. Y, sobre todo, ciudadanos con el derecho inalienable de conocer la verdad.
Creo que el gran mensaje de fondo es éste: el derecho de audiencia no protege a los gobiernos; protege a los ciudadanos. Esa perspectiva fortalece el argumento y coloca el debate donde realmente corresponde: en el derecho de la sociedad a recibir información veraz y responsable.
Hasta la próxima
renovacion44@hotmail.com
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