Por Gloria Isela Treviño
La agenda pública de Tamaulipas dejó en los últimos días una serie de hechos que, vistos en conjunto, permiten observar los retos que aún enfrenta el sistema de procuración de justicia. Por un lado, el fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, suscribió un convenio de colaboración con Fredy Armando Peccerelli Monterroso, presidente del Consejo Directivo y representante legal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, con el propósito de fortalecer los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de personas fallecidas sin identificar, además de impulsar la capacitación y certificación del personal pericial en arqueología y antropología forense.
Casi en paralelo, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, difundió un balance de la estrategia de seguridad en la frontera norte. A través del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Reynosa registró una disminución en seis de los ocho delitos de alto impacto durante los primeros 45 meses de la actual administración. Entre los indicadores destacan una reducción del 73 por ciento en secuestro y del 53 por ciento en homicidio doloso.
Al presentar estos resultados, Zúñiga Castillo sostuvo que las cifras reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad y del trabajo coordinado entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Son indicadores que muestran avances en materia de seguridad pública y forman parte de la evaluación del desempeño institucional.
Sin embargo, casi de manera simultánea, la desaparición de Erik Stanford, quien ocupó diversos cargos dentro del Ayuntamiento de Reynosa, entre ellos en las áreas de Comunicación Social, Turismo y, más recientemente, en la dirección del Registro Público Vehicular (REPUVE)., volvió a colocar en el centro de la conversación pública uno de los temas más sensibles para Tamaulipas: la desaparición de personas, un fenómeno que mantiene una dinámica distinta y cuya medición va más allá de las estadísticas sobre incidencia delictiva.
Días antes, Edith González Treviño, presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, exhortó públicamente al fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco a acelerar las confrontas genéticas, agilizar la identificación y entrega de cuerpos, además de revisar el desempeño del personal que mantiene rezagadas las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas. La propia Fiscalía ha reconocido la existencia de un rezago histórico en miles de expedientes y anunció acciones para fortalecer su capacidad operativa.
Ahí es donde convergen estos acontecimientos. Mientras la Fiscalía busca fortalecer su capacidad técnica, el Gobierno del Estado destaca avances en indicadores de seguridad y los colectivos continúan exigiendo resultados en la búsqueda e identificación de personas. El reto, más allá de los convenios, las estadísticas o los anuncios institucionales, será que esas acciones se reflejen en investigaciones más ágiles, identificaciones oportunas y respuestas concretas para las familias que siguen esperando conocer el paradero de un ser querido.
Hasta aquí esta Latitud. Nos leemos en la próxima entrega.
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