El «auto» de Yahleel

Por Martín Díaz / Periodismo con Firma
La política tamaulipeca nunca deja de sorprendernos, sobre todo cuando los tribunales penales se trasladan, por obra y gracia de la desesperación, al terreno de los concursos digitales. El reciente comunicado de la exsecretaria de Bienestar Social, Yahleel Abdala, publicado en sus redes sociales, es una joya del ilusionismo mediático que merece ser desmenuzada con el bisturí del rigor y no con la ligereza de un like.

Frente a una investigación penal que ya escaló a la etapa de imputación y ante una jueza de control que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada —suspendida provisionalmente por un amparo federal—, la exfuncionaria decidió trasladar parte de su defensa al tribunal de Facebook.

Con el título de «GRAN OPORTUNIDAD», Abdala lanzó un reto público digno de una agencia automotriz: regalar un automóvil nuevo y retirarse de la política a quien le demuestre que durante su gestión se adjudicaron casi 968 millones de pesos en contratos de despensas o que ella obtuvo un beneficio directo.

El reto no parece dirigido a convencer a un juez, sino a la opinión pública. Es una estrategia de comunicación que busca cambiar la conversación: dejar de hablar del expediente para empezar a discutir un automóvil. Cuando un proceso penal termina librándose en redes sociales, el objetivo rara vez es ganar en los tribunales; suele ser ganar tiempo y moldear la percepción pública.

La movida es efectista, sí, pero encierra una profunda debilidad jurídica. El periodismo serio y la justicia penal no operan bajo la lógica de las apuestas digitales ni de las dinámicas de influencers. Que la acusada intente reducir el debate a una cifra o a un concepto específico no modifica el hecho central: existe un proceso penal en marcha que seguirá su cauce conforme a las pruebas que presenten las partes, no conforme a los desafíos publicados en Facebook.

En el fondo de su defensa, la exsecretaria recurre a la clásica «Técnica Pilatos» de la vieja guardia administrativa: «YO NO CONTRATABA. YO NO LICITABA. YO NO AUTORIZABA PAGOS», escribe en mayúsculas. Bajo esa conveniente lógica, ningún titular de una dependencia gubernamental sería responsable de nada; para eso estarían los directores administrativos y los jefes de compras, listos para convertirse en los fusibles cuando estalla una crisis.

Sin embargo, el servicio público no funciona así. La ley también contempla responsabilidades derivadas de omisiones cuando existe un deber jurídico de actuar. Un secretario de Estado no ocupa un asiento decorativo ni viaja como pasajero en la dependencia que encabeza; dirige una estructura, fija prioridades, supervisa recursos y responde políticamente por su funcionamiento, especialmente cuando se trata de programas sociales que administran cientos de millones de pesos.

Los amparos y la ampliación del plazo constitucional son recursos plenamente válidos dentro del debido proceso, pero no equivalen a una declaración de inocencia. Son mecanismos procesales que garantizan derechos y permiten que la defensa prepare sus argumentos; el juicio sobre la responsabilidad penal corresponde exclusivamente a los tribunales.

La justicia no es un concurso de televisión. Mientras Yahleel Abdala ofrece regalar un automóvil en Facebook, el Poder Judicial sigue otro camino, uno donde no cuentan los likes ni las reacciones, sino las pruebas y el derecho. Al final, el único auto que realmente definirá su futuro político y jurídico no será el que promete entregar en redes sociales, sino el auto de vinculación a proceso —o la resolución que legalmente corresponda— que emitan los tribunales. Ese auto no se gana en Facebook; se enfrenta en los tribunales.

Ahí están los hechos. Que cada quién saque sus conclusiones.