El Congreso y la trampa legal al magisterio

• La reforma al artículo 50 Bis impone la obligación de atender emergencias médicas en las escuelas de Tamaulipas, pero desprotege por completo al docente ante posibles denuncias ante una tragedia en el entorno escolar.

Martín Díaz / Periodismo con Firma
En Tamaulipas los maestros ya hacen de psicólogos, trabajadores sociales, mediadores familiares y hasta gestores de problemas que el propio Estado no resuelve. Ahora, el Congreso también quiere convertirlos en paramédicos.

La Legislatura 66 aprobó por unanimidad la adición del artículo 50 Bis a la Ley de Educación de Tamaulipas, impulsada por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay. La reforma establece que las autoridades educativas, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberán promover capacitación en primeros auxilios para personal directivo, docente y administrativo de escuelas públicas y privadas, al menos dos veces por ciclo escolar.

La medida puede sonar positiva en el discurso. En las escuelas, la historia puede ser muy diferente.

Un curso semestral no convierte a un maestro en paramédico. Los primeros auxilios bajo presión requieren práctica constante, experiencia y capacidad de reacción en momentos donde los nervios pueden paralizar incluso a personas capacitadas. Los profesionales de la salud pasan años preparándose para enfrentar emergencias reales. Pretender que un docente, saturado ya de carga administrativa y rezago educativo, pueda responder siempre de manera correcta tras un par de talleres al año es vender una solución simplista para un problema complejo.

Pero el punto más delicado de esta reforma no es operativo, sino legal.

La ley obliga a capacitarse, pero no establece ningún tipo de blindaje jurídico para el personal docente en caso de una emergencia real. Y eso ocurre en una época donde la relación entre escuelas y padres de familia vive cada vez más tensionada, con maestros que trabajan “con pinzas” por miedo a denuncias, grabaciones, señalamientos en redes sociales o conflictos legales.

Ahí aparece el verdadero vacío de esta reforma.

El riesgo por omisión: Si un maestro decide no intervenir ante una emergencia por temor a equivocarse o por falta de experiencia real, podría enfrentar serios señalamientos o demandas por presunta omisión de auxilio o negligencia.

El riesgo por acción: Si el docente decide actuar de buena fe para intentar ayudar y algo sale mal durante la maniobra —en medio del pánico natural de la crisis—, también queda expuesto a acusaciones penales por lesiones o impericia de parte de los padres.

El Congreso aprobó la obligación moral, pero dejó intacto el riesgo para quien termina enfrentando la emergencia.

La reforma ya quedó aprobada. Lo que sigue sin aparecer son los médicos, las enfermeras, los botiquines y las condiciones reales que muchas escuelas ni siquiera tienen.

Porque esa es otra realidad incómoda que la clase política suele ignorar: los maestros no son médicos. Son educadores. Y aun así, el sistema lleva años cargándoles responsabilidades que rebasan por completo la enseñanza.

Hoy se les exige contener crisis emocionales, mediar violencia familiar, atender problemas de conducta, llenar formatos interminables y sostener escuelas con enormes carencias materiales. Ahora también deberán cargar con la presión emocional y legal de actuar en situaciones donde incluso unos segundos de duda pueden cambiar una vida.

Prevenir tragedias en las escuelas es urgente. Lo que no puede seguir haciendo el Estado es resolver todo cargándole más responsabilidades al maestro. La Legislatura 66 aprobó una reforma que obliga a capacitarse, pero dejó intacto el riesgo legal para quienes tendrán que enfrentar una emergencia real dentro del aula.

Si de verdad quieren escuelas seguras, tendrían que empezar por médicos, enfermeras y planteles equipados, no por seguir trasladando responsabilidades al magisterio. Porque cuando ocurra una emergencia real, los diputados no van a estar en el salón de clases. El maestro sí.