SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS

(18-Mayo-2026).- El activista Raymundo Ramos dice que Estados Unidos lo acusa para acallar sus denuncias a la fuerza pública

El defensor de derechos humanos en Tamaulipas asegura que la sanción en su contra del Departamento del Tesoro busca entorpecer las denuncias que ha hecho sobre malas prácticas en las Fuerzas Armadas

“A mí no me asustan ni la cárcel ni la muerte”, afirma Raymundo Ramos (Nuevo Laredo, 55 años) vía videollamada. El defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, convive desde hace 30 años con la presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas en el Estado sin que esto haya resuelto los problemas de inseguridad de la entidad. De ese tiempo, según afirma, 15 años han sido de criminalización y de persecución. “Ya estoy preparado para eso”, recalca. El controvertido activista y director de la única organización de derechos humanos en la región fue señalado el 14 de abril por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con un entramado de tráfico de fentanilo y blanqueo de dinero en favor del Cartel del Noreste (CDN). Para Ramos, que se ha granjeado una reputación de hombre incómodo por sus denuncias contra las malas prácticas del Ejército y la Armada como desapariciones forzadas, ejecuciones y uso excesivo de la fuerza, estos señalamientos son, en primer lugar, injustos y en segundo, dolosos.

Estados Unidos declaró a varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas en febrero de 2025 y desde entonces se han vuelto constantes las sanciones contra miembros y colaboradores de estas agrupaciones delictivas por parte del Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Esta agencia afirma que Ramos está asociado al CDN y que lidera la campaña de desinformación de esta agrupación criminal contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”.

Ramos quiere dejar claro que lo que recayó sobre él son “señalamientos”, no como el caso que ha incendiado la política mexicana y las relaciones bilaterales con el país vecino del norte. El activista hace referencia a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, que es investigado por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. “A él lo acusa un gran jurado [en EE UU]. Son dos cosas diferentes”, aclara. Dice que las “acusaciones falsas”, “sin fundamento” y “nada más porque el Departamento del Tesoro lo dice” es darle importancia a un defensor de derechos humanos por hacer su trabajo. “No solamente se demuestra que mi trabajo preocupa al Gobierno de Estados Unidos, sino también al Gobierno mexicano. Me molesta porque hicieron un juicio mediático sin pruebas. Me sentenciaron y expusieron en un México bárbaro, en un México donde por menos de eso te matan”, complementa.

El activista dice que el mismo día que la OFAC hizo este señalamiento público se estrenaba el documental Spring of The Vanishing, del periodista Andrew Glazer, que explora las desapariciones forzadas de 49 personas, entre ellas el adolescente estadounidense Jorge Domínguez, en Nuevo Laredo, durante una operación contra carteles en 2018. La producción revela que una unidad de fuerzas especiales mexicanas entrenada y equipada por EE UU, y no las organizaciones criminales, fue la responsable de los asesinatos. Ramos cree que intentaron detener la película al incluirlo en una lista negra para que ningún extranjero o estadounidense pueda hacer negocios con él.

“No tengo negocios en Estados Unidos, ni cuentas bancarias, ni bienes. No soy socio de ninguna empresa ni prestanombre, por lo que, ¿cómo me podrían sancionar? No tengo ni visa desde hace nueve años. Estas acusaciones dolosas que hace el Departamento de Estado son una cortesía a las fuerzas armadas [mexicanas], porque intentan desprestigiarme para que no pueda seguir con mi labor de defensor de derechos humanos», elabora.

Las quejas y amenazas contra Ramos no son nuevas. Se remontan por lo menos una década atrás. Sus denuncias de desapariciones forzadas en 2018, cuando su organización documentó más de 50 casos de personas desaparecidas entre enero y mayo de ese año a manos de la Armada, lo pusieron en el centro de una campaña que difundía información personal de él, su esposa y sus hijas en redes sociales, tratando de relacionarlas con diferentes grupos del crimen organizado. El defensor también culpó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Chiu por los señalamientos de la OFAC.

Dice que el expolítico del PAN, prófugo y con una orden de captura —acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero—, y Chiu tienen que declarar ante la Fiscalía General de la República como responsables de la masacre de Valles de Anáhuac, ocurrida el 5 de septiembre de 2019, donde ocho personas (cinco hombres y tres mujeres) perdieron la vida a manos de elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la entonces Policía Estatal de Tamaulipas; así como por las desapariciones de 52 víctimas entre febrero y mayo de 2018. “¿Dónde está escondido? En Estados Unidos, donde lo protegen [a Cabeza de Vaca]. México no ha logrado su extradición porque en las desapariciones tuvo conocimiento Estados Unidos. No quieren que testifique allá que probablemente hubo participación extranjera en Nuevo Laredo», denuncia.

En octubre de 2022, Ramos, junto a los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, denunció al Ejército por haber intervenido su celular con el malware de espionaje Pegasus. Una investigación de los medios Animal Político y Proceso confirmó que el defensor de derechos humanos fue espiado a través de su dispositivo con el mencionado programa con el objetivo de proporcionar a la Policía Ministerial Militar información para desprestigiarlo, acusándolo, sin pruebas, de tener nexos con el CDN. “He hecho un llamado al Gobierno mexicano para que, cuando me quiera llamar a comparecer, lo hago. No por lo de ahora [el señalamiento de la OFAC], siempre he estado a disposición de las autoridades”, agrega.

El activista dice que lo espiaron porque les incomoda el trabajo que hacen desde su ONG para documentar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales o actos de tortura. “Le molesta a las Fuerzas Armadas que los exhibamos”, dice. Ramos hace hincapié en que los señalamientos en su contra se presentan cuando el sonado caso de una aparente ejecución extrajudicial a manos de militares, que se produjo en Nuevo Laredo en 2023 a plena luz del día, se encuentra a las puertas de ser juzgado.

Para el activista, la actual Administración de EE UU que -denuncia- persigue migrantes, separa familias, mete a niños y a mujeres en centros de detención por meses y los deja morir, no tiene moral para hacer los señalamientos en su contra. “Quién acusa no es un premio Nobel. No es el Tribunal de La Haya. Es una Administración cuestionable y muy irrespetuosa”, recalca.

El defensor de derechos humanos también critica la relación que se ha forjado entre Palacio Nacional y la Casa Blanca para hacer frente a la inseguridad a raíz del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Ramos considera que las Fuerzas Armadas de México no confían en el vecino al norte desde la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado en Los Ángeles, en 2020, a petición de la agencia para el control de drogas estadounidense por cinco cargos relacionados con crimen organizado.

“Colaboran por obligación. Porque hay un acuerdo político, un acuerdo jurídico internacional, pero no hay confianza. Eso es mentira. Muchos militares están preocupados de que también sean requeridos por autoridades de Estados Unidos por la red de huachicol fiscal de la Marina. Hay empresas que generaron muchos millones de dólares [en EE UU y México] evadiendo impuestos; así como marinos plenamente identificados, funcionarios de aduanas de ambos países implicados. Curiosamente, no han sido boletinados por el Departamento del Tesoro y no han sido investigados por el Departamento de Justicia. Lo que han estado haciendo en Estados Unidos es mínimo en comparación con la gravedad de los hechos. Yo soy un angelito ante criminales de cuello blanco de México y de Estados Unidos que traficaron seis años huachicol fiscal», sentencia Ramos.