Urge castigo ejemplar a quien lo practique

Por: René Martínez Bravo

Porque una democracia donde la mentira tiene más fuerza que la verdad no es una democracia sólida

Hay una peligrosa distorsión instalada en la vida pública: hemos empezado a confundir el valor con el escándalo, la denuncia con la difamación y la crítica con la calumnia. En ese terreno resbaloso, cualquiera que grita más fuerte, que acusa sin freno y sin pruebas, es visto como valiente, como justiciero, incluso como voz del pueblo. Pero no lo es. Es, en el mejor de los casos, un irresponsable; en el peor, un operador de intereses oscuros.

La democracia no se sostiene en rumores, sino en hechos. Y cuando la acusación carece de sustento —cuando no hay documentos verificables, cuando las “pruebas” son apócrifas o simplemente inexistentes— deja de ser denuncia para convertirse en injuria. Lo grave no es solo el señalamiento, sino su efecto multiplicador: basta que alguien lo diga para que otros lo repliquen sin verificar, parapetados en el cómodo argumento de “yo solo compartí”. Así se construyen mentiras colectivas que, aunque después se desmientan, ya cumplieron su cometido: sembrar la duda, erosionar la reputación, contaminar la percepción pública.

Ese fenómeno no es nuevo, pero sí más agresivo y rentable. Hoy, la difamación se ha convertido en moneda de cambio. Hay quienes, a cambio de dinero, favores o posiciones políticas, fabrican narrativas, inventan escándalos y ejecutan campañas negras con precisión quirúrgica. No actúan solos: operan desde el anonimato digital, desde páginas sin rostro ni firma, pero también —y esto es aún más grave— desde espacios que deberían ser garantes de información seria y verificada.

El problema de fondo no es solo legal, aunque la ley claramente ha sido insuficiente para inhibir estas prácticas. El problema es cultural. Hemos normalizado el linchamiento mediático, hemos abaratado la verdad y hemos elevado la sospecha al rango de evidencia. En ese contexto, la reputación de una persona —sea político, servidor público o ciudadano— queda a merced de la rumorología, de la intriga y de la mentira bien financiada.

Y aquí aparece una paradoja inquietante: con frecuencia, quien es objeto de estas campañas es precisamente quien representa una amenaza real para ciertos intereses. Es decir, el que tiene posibilidades de ganar, de avanzar, de consolidarse, se convierte en blanco. No porque haya pruebas en su contra, sino porque estorba. La difamación, entonces, deja de ser un accidente y se convierte en estrategia.

Conforme se acercan los procesos electorales, el escenario se vuelve predecible: la guerra sucia regresa con toda su crudeza. Aparecen los pasquines digitales, los portales fantasmas, las cuentas anónimas. Se activan las redes de desinformación. Y, lamentablemente, algunos medios tradicionales también caen en la tentación de lucrar con la mentira. Todo vale cuando el objetivo es impedir que alguien llegue.

Frente a esto, no basta con indignarse. Se requiere responsabilidad social y rigor informativo. El ciudadano tiene una tarea urgente: dejar de consumir y replicar basura disfrazada de noticia. Y el Estado, por su parte, debe revisar con seriedad si el marco legal actual realmente inhibe estas conductas o si, como parece, se ha quedado corto frente a una maquinaria de difamación cada vez más sofisticada.

La discusión sobre reformas electorales —como el llamado “Plan B”— debería incluir, con toda claridad, mecanismos eficaces para frenar la guerra sucia y sancionar con mayor severidad a quienes lucran con la mentira. No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de protegerla de quienes la prostituyen.

Porque una democracia donde la mentira tiene más fuerza que la verdad no es una democracia sólida: es un terreno fértil para la manipulación. Y cuando eso ocurre, ya no gana el mejor, ni el más capaz, ni el más honesto. Gana el que mejor difama. Y eso, simplemente, no lo podemos permitir.

Hasta la próxima

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