Cd. Victoria, Tam (4-Febrero-2026).- Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica, garantizar el acceso efectivo a la justicia y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, las y los diputados dictaminaron viable una iniciativa que reforma al Código Penal de Tamaulipas.
La propuesta fue presentada por las magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de actualizar el marco jurídico penal y fortalecer la impartición de justicia, particularmente en asuntos de alta relevancia social como la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante la reunión de la Comisiones de Estudios Legislativos Primera y de Justicia, el diputado Marcelo Abundiz Ramírez explicó que la propuesta atiende tres figuras delictivas de alto impacto social.
La primera, relativa al delito de pederastia, fortalece su redacción al definir de manera expresa los actos sexuales, incluyendo tocamientos o manoseos corporales obscenos y actos explícitamente sexuales, además de incorporar un agravante que incrementa hasta en una mitad la pena cuando exista violencia física o psicológica, priorizando el interés superior de la niñez.
En segundo término, se endurecen las sanciones para abogados, patronos y litigantes que, de manera dolosa, expongan hechos falsos para obtener ventajas procesales indebidas, estableciendo penas de 3 a 7 años de prisión, multas de 100 a 400 UMAs, así como suspensión del ejercicio profesional y agravantes por reincidencia.
Finalmente, se ajusta el delito de falsedad en declaraciones, imponiendo sanciones de 2 a 8 años de prisión y multas de 100 a 300 UMAs, con aumento de pena cuando se involucren derechos de personas menores de edad.
“A través de esta iniciativa se aporta mayor claridad y precisión a nuestra disposición en materia penal, fortaleciendo la protección de la dignidad de niñas, niños y adolescentes, así como la integridad de los servicios públicos y la veracidad ante las autoridades judiciales, en clara sintonía con los principios constitucionales de legalidad y profesionalidad”, concluyó.
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