
La noche del jueves, vecinos alertaron sobre un olor fétido proveniente del predio ubicado en las calles Tapachula y Colima. Lo que comenzó como una inspección de rutina de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), se convirtió en uno de los hallazgos más alarmantes del sexenio.
El viernes, la Coespris informó que había iniciado procedimientos administrativos por la acumulación de al menos 60 cuerpos, sin embargo, conforme avanzaron los trabajos periciales, la cifra creció de forma brutal hasta alcanzar 381 cadáveres este domingo, según confirmó la Fiscalía General del Estado.
El crematorio, que prestaba servicios a múltiples funerarias, contaba con permisos en regla, según las propias autoridades. No obstante, la falta de control, supervisión y capacidad para el manejo de cuerpos ha quedado evidenciada, convirtiendo este lugar en un almacén de la muerte.
Durante el sábado se colocó una caja refrigerante a la entrada del sitio. De ahí, Servicios Periciales fue extrayendo cuerpo tras cuerpo. Hasta ahora, 288 han sido procesados, pero la identidad de muchos permanece sin confirmar, lo que genera alarma entre familiares de personas desaparecidas.
En redes sociales circulan imágenes del interior del inmueble: cuerpos amontonados en cuartos sin ventilación, una escena dantesca que pone en entredicho los controles sanitarios y forenses del estado.
Las autoridades insisten en que no hay delito, solo faltas administrativas, mientras el país entero asiste a un nuevo capítulo de descomposición institucional, donde la muerte se acumula sin nombre ni dignidad, y el sistema responde con trámites.
En Ciudad Juárez, la pregunta no es quién permitió esto, sino cuántos más se ocultan bajo el silencio oficial.
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