Fuentes fidedignas/ Por: Isaias Alvarez

El nuevo arte de callar

En Puebla no se castigará al que miente, sino al que incomoda. La nueva reforma al Código Penal ya es ley, si alguien “ofende insistentemente” en redes sociales, podría terminar en prisión. La llamaron “ciberasedio”, como si el lenguaje legal suavizara el golpe. Pero no se trata de proteger a víctimas de acoso, se trata de ponerle freno a la crítica, sobre todo si va dirigida hacia el gobierno estatal.

Nadie aclaró qué significa exactamente “ofender”, ni cuántos comentarios hacen que algo sea “insistente”. Pero la ambigüedad no fue un error, fue parte del diseño; porque así se puede aplicar según convenga. Así cualquier ciudadano que escriba más de la cuenta puede ser señalado. Hoy son los tuiteros y los activistas, mañana serán los periodistas y los opositores. O todos juntos.

La ley se publicó en el Periódico Oficial sin avisos previos, sin consulta pública, sin un solo foro real antes de su aprobación. Luego, ya con el daño hecho, el gobernador Alejandro Armenta anunció que abriría mesas de diálogo. Como si el diálogo tuviera sentido una vez que ya decidiste.

Las reacciones no tardaron. Organizaciones como Artículo 19, redes de periodistas, académicos y hasta legisladores de oposición advirtieron lo obvio: esta reforma es inconstitucional, peligrosa y construida para castigar la libertad de expresión bajo el disfraz de proteger a la sociedad. Porque aquí, cuando el gobierno dice “vamos a cuidar a la gente”, muchas veces lo que realmente quiere decir es “vamos a cuidar que nadie nos cuestione”.

Tan desmedido fue el golpe, que hasta la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —que rara vez levanta la voz en favor del pueblo— emitió un exhorto formal al gobierno poblano: pidió revisar el artículo 480 del Código Penal y alertó que ese tipo penal es ambiguo, riesgoso y puede utilizarse como un mecanismo indirecto de censura. La CNDH no habla de supuestos, habla de derechos. Y cuando incluso la federación cuestiona una ley estatal por su posible uso represivo, es porque el autoritarismo ya no se está insinuando, se está aplicando.

Y el panorama nacional no ofrece mucho respiro. En Campeche, Jorge Luis González, director del diario Tribuna, fue llevado ante un juez por escribir columnas críticas sobre la gobernadora. La acusación es absurda: incitación a la violencia. Nadie fue violentado, nadie llamó al caos, pero las palabras bastaron. En estos tiempos, escribir también puede ser delito.

En Jalisco, la Fiscalía fue por los músicos. A la banda Los Alegres del Barranco les congelaron cuentas por cantar corridos que incomodan. No hubo juicio y no hubo defensa. Solo una decisión administrativa basada en lo que suena mal, literalmente. Si no les gusta lo que cantas, también pueden borrarte; lo peor es que no se nota que la actividad delincuencial disminuya con la censura a la música.

Y en la Ciudad de México, el caso de Ciro Gómez Leyva sigue flotando en la impunidad. Dos atacantes ya fueron condenados. Pero quien mandó a disparar sigue libre. Parece ser que, los asesinos a sueldo sí tienen rostro, pero el autor intelectual, no. O no quieren verlo.

México cayó al puesto 124 en el índice global de libertad de prensa. No es un accidente, es un reflejo de lo que se vive en el país. Aquí, el poder no siempre censura a gritos; lo hace con leyes, con demandas, con silencio institucional. Con el miedo como herramienta y la ley como disfraz.

Opinar es peligroso, criticar, aún más. La mordaza ya no es un símbolo, es un documento sellado, con número de folio, que espera ser usado. Solo esperamos que la fiebre de la censura no llegue a Tamaulipas.