AGENDA FRONTERIZA/ POR HUMBERTO GUTIÉRREZ

¿PORQUE DEBEMOS ACUDIR A VOTAR?

(29-Mayo-2025).- Esta colaboración establece en su epilogo que, en esta elección de los cargos del Poder Judicial, no está en juego el ingreso y ascenso de las personas juzgadoras, seguirá siendo meritocrático, académico y profesional; solamente se introduce un nuevo elemento: la validación ciudadana y el refrendo de las urnas.

El progreso y la resurrección, aunque tarde, está entrando a nuestro país, como en todo tipo de democracia, los partidos opositores nunca estarán de acuerdo, y hacen bien, lo que sucede es que no estar de acuerdo y sin argumentación, es imposible ganar adeptos.

Sin argumentos para hacer valida su posición no les queda más que provocar el caos social, provocar miedo para que no salgamos a votar.

Al final como en toda democracia, es el pueblo el que manda, si se equivoca vuelve a mandar.

El voto secreto del pueblo será significativo este 1 de junio cuando por primera vez el pueblo sea el que vote por la designación del Poder Judicial, de la misma manera que los otros dos poderes, el Ejecutivo y Legislativo.

Eso no tendría nada de raro. Lo que sucede es que el poder judicial este secuestrado por una organización criminal disfrazada de cuello blanco.

Copio y pego un estudio respecto de estas elecciones, con la certeza de que el autor es un experto en el manejo de estos temas.

“En más de 200 años, por primera vez desde la constitución del Poder Judicial en México, el próximo domingo 1 de junio la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir, mediante voto universal, directo y secreto, a más de la mitad de integrantes del Poder Judicial federal (386 jueces y juezas de Distrito, 464 magistrados y magistradas de Circuito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 cargos de la Sala Superior del mismo Tribunal, 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la totalidad de quienes conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

En total, 881 personas juzgadoras federales.

A su vez, en 19 de las 32 entidades federativas del país, en la misma jornada dominical, se renovarán (de manera parcial o total) los Poderes Judiciales locales; es decir, 1,800 cargos judiciales locales que, sumados a los judiciales federales, darán un total de 2,681 cargos judiciales por elección en todo el país.

La otra mitad de entidades federativas y de cargos judiciales federales se renovarán en junio de 2027, junto con las elecciones federales y locales de ese año.

El domingo próximo tendremos una jornada electoral sin precedente en términos cualitativos y cuantitativos.

Cualitativos, porque México será el primer país del globo que opte por este método de selección total de personas juzgadoras, por lo que los ojos del mundo estarán puestos en esta experiencia inédita. Cuantitativos, porque en ninguna otra parte del planeta se habrá de elegir a tan alto número de cargos judiciales en un solo día.

La historia que se escribirá el 1 de junio será, entonces, un referente en nuestro país y en la democracia global. Y quienes tenemos credencial para votar podremos ser actores directos de esta novedosa transformación. Así que no dejemos ir este tren único en nuestra historia.

De donde se le vea, esta elección judicial será positiva para el país. El voto popular, directo y secreto igualará la fuente de legitimidad del Poder Judicial con los otros dos Poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo).

Los principios de autonomía e independencia judiciales tendrán por primera vez un sustento real, al no depender los nombramientos de acuerdos mancomunados entre las y los legisladores y quien encabece el Ejecutivo Federal. O peor aún, de promociones de ingreso y oportunidades de ascenso que asignaba, de manera cerrada, endógena, la cúpula del Poder Judicial.

Lo anterior es especialmente relevante, ya que todos los conceptos, términos, observaciones, recomendaciones y críticas realizados, por ejemplo, por Roberto G. MacLean y el maestro Fix Zamudio respecto de nuestro sistema judicial abordan de manera transversal lo relacionado con la independencia judicial, la fuente de legitimidad de quienes imparten la justicia, así como la actualidad de los sistemas de interpretación del Derecho y el control de normas.

Asimismo, la reforma al Poder Judicial constituye un ejercicio inédito que contribuye al desarrollo de los últimos estadios democráticos y a la evolución de nuestro sistema nacional para la protección de los derechos humanos.

Un Poder Judicial robusto, auténticamente autónomo y consolidado por la vía de las urnas engrosará la serie de herencias positivas de la Cuarta Transformación no solo para la Nación, sino para el mundo entero.

Esto último puede allanar el camino de otros sistemas judiciales en países con una fuerte tradición democrática, para incrementar sus índices de participación ciudadana y consolidar los proyectos de democracia sustancial.

Recordemos que, a la luz de las tradiciones y la herencia institucional occidental, el tema de la ciudadanía en el contexto de los derechos humanos resulta un tópico trascendental de actualidad.

Por otro lado, y retomando al jurista italiano Luigi Ferrajoli, cabe señalar que el Derecho, como disciplina autónoma, ha ayudado a configurar la teoría de los derechos humanos contemporánea, porque, aunque el Derecho es tan antiguo como las primeras grandes civilizaciones, con el nacimiento del Estado-Nación moderno y la aparición de las diferentes corrientes positivistas de esta disciplina, se desplegó una especie de simbiosis entre los llamados derechos humanos y la ciencia social del Derecho como tal.

Pero esa cuestión no es tan simple, ya que aún ahora se debate respecto a la precisión de las fuentes de los derechos humanos. Es, pues, el Derecho y su correlativa dimensión positiva de “Estado de Derecho” una herramienta insustituible para la construcción de un modelo político y social que genere seguridad, paz, estabilidad y condiciones necesarias para el desarrollo del ser humano.

Y ello está en el centro de la histórica reforma judicial y del ejercicio democrático que congregará a la ciudadanía el próximo fin de semana.

La elección plebiscitaria de las y los jueces, magistrados y ministros es una condición Sine Qua Non, tanto para la configuración orgánica o estructural de un sistema judicial moderno, autónomo y cercano a la ciudadanía como para la consolidación de un efectivo sistema de protección de los derechos fundamentales de todas las personas en el país.

Además, el ingreso y ascenso de las personas juzgadoras seguirá siendo meritocrático, académico y profesional; solamente se introduce un nuevo elemento: la validación ciudadana y el refrendo de las urnas.

Un baño de pueblo no le viene mal a ninguna persona servidora pública, mucho menos a quienes se encargan de impartir justicia, no solo de aplicar el derecho.

Por supuesto que hay riesgos, como la infiltración del crimen organizado (el cual ya está, desafortunadamente, desde hace tiempo en algunas oficinas del Poder Judicial), la partidocracia o la incorporación de personas no probas para el ejercicio judicial.

Sin embargo, abrir a la ciudadanía la designación y evaluación de personas juzgadoras es algo mejor que lo que hoy tenemos, porque la corrupción, la insensibilidad y el aislamiento social sentaron sus reales en un país donde la injusticia y la impunidad adquirieron, lamentablemente, carta de naturalización.

Autor del ensayo: Dr. Ricardo Monreal.