Úrsula propone sanciones más severas por acusaciones falsas

• La iniciativa plantea aumentar las penas por mentir deliberadamente ante una autoridad cuando se causen daños graves a la libertad, la salud o el patrimonio de otra persona.

Por Martín Díaz / La Nube
Periodismo con Firma
La iniciativa presentada el pasado 3 de noviembre de 2026 en el Congreso de Tamaulipas por la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica no busca inventar el hilo negro ni crear un delito nuevo. La falsedad ya se castiga en el Código Penal. Úrsula propone aumentar las penas cuando una mentira deliberada ante la autoridad cause daños graves a otra persona.

Denunciar debe seguir siendo un derecho protegido. Mentir deliberadamente ante la autoridad para causar daño debe tener consecuencias.

En el sector educativo, una acusación puede poner en riesgo el empleo, la tranquilidad y la trayectoria de un docente. Las autoridades tienen la obligación de proteger a los estudiantes y atender sus señalamientos, pero también deben investigar con objetividad y respetar la presunción de inocencia de la persona señalada. Una medida de protección no debe convertirse en una condena pública anticipada.

Lo mismo debe cuidarse en los conflictos personales o familiares. Las instituciones tienen que investigar los hechos y distinguir entre una denuncia legítima y el uso deliberado de información falsa para perjudicar a alguien. Esa responsabilidad exige pruebas, personal capacitado y decisiones fundadas.

Aquí hay una diferencia que no puede perderse: que una denuncia no prospere no demuestra que fue inventada. La falta de pruebas, una investigación deficiente o una resolución de no vinculación a proceso no acreditan, por sí solas, que el denunciante mintió. Para castigar a quien hizo una acusación falsa, debe probarse que sabía que lo que declaraba era mentira.

Úrsula señaló en tribuna que su propuesta no pretende castigar errores y que deberán probarse la mentira, el daño y la relación directa entre ambos. Esas garantías deben quedar escritas con claridad. De lo contrario, la amenaza de una contradenuncia podría convertirse en otro garrote contra quien acude a pedir justicia.

Pero cuando sí se demuestra que alguien mintió deliberadamente para perjudicar a otra persona, el daño tampoco desaparece con una resolución favorable al acusado. Los gastos de defensa, la pérdida de ingresos, las afectaciones a la salud y el deterioro de las relaciones personales pueden permanecer mucho después del expediente.

Por eso, la discusión no debe agotarse en aumentar años de cárcel. También debe explicar cómo se investigará la falsedad, cómo se acreditarán los daños graves y cómo se buscará su reparación. Si una autoridad actuó sin sustento o investigó de manera deficiente, su responsabilidad también debe revisarse.

La propuesta merece discutirse con seriedad. El Congreso debe justificar por qué las sanciones actuales resultan insuficientes y cuidar que la reforma permita castigar a quien fabrica hechos sin poner bajo sospecha a toda persona cuya denuncia no logra acreditarse.

Denunciar es un derecho. Inventar hechos para que la autoridad castigue a un inocente debe tener sus consecuencias.

Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.